Libertad de expresión y el derecho a la información: lo que está en juego en Veracruz

MANUEL MARTÍNEZ MORALES - LUNES, AGOSTO 27, 2012. LA JORNADA (VERACRUZ).

El Artículo 6º constitucional es muy claro pues, en su parte medular, establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado…”

Todas las naciones modernas disponen en sus leyes principios como éste para garantizar y reforzar el libre ejercicio democrático al que todo ciudadano tiene derecho. Pero la realidad social, moldeada en los hechos por una dictadura de clase, está lejos de ajustarse a estas disposiciones legales. Entonces, el derecho a la libre expresión de las ideas y el derecho a la información son severamente limitados y es frecuente que el Estado –representante de las clases dominantes– persiga, encarcele o asesine a quienes, ejerciendo sus derechos legales, exprese y difunda ideas o información contrarias a los intereses de la clase en el poder. Lo mismo en Europa, que en Asia o América Latina.

Y es que esta dictadura de la que hablamos extiende su poder mundialmente. Según la caracteriza el filósofo Enrique Dusell: “La dominación mundial, el nuevo imperialismo tiene una insospechada fisonomía que la vamos descubriendo en su ejercicio. Tiene implantación en el Estado nacional, pero se liga a una red internacional con base en instituciones informales (reuniones o foros como los de Davos, el grupo Bloomeberg?, etcétera). Es una élite de los grandes millonarios o propietarios capitalistas, especialmente en el ámbito financiero, pero igualmente en las grandes trasnacionales industriales y comerciales. Estas élites nacionales ligadas mundialmente, cuyos grandes bancos son paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos a los estados que, sin embargo, la protegen con sus ejércitos y prestan la población como mano de obra y absorben los endeudamientos asumiéndolos a cuenta del Estado (y que se pagan con impuestos de los ciudadanos), tienen dos instrumentos esenciales del ejercicio de su poder económico como poseedores de capital.

Por una parte, esa élite del capital globalizado mundial usa a las burocracias de los estados centrales (como Estados Unidos, los de Europa, Japón y otros) y periféricos como instrumentos o mediaciones de su poder. Lo económico ejerce su hegemonía sobre el poder político corrupto, que se vende a los intereses de ese capital globalizado. El Estado, como hemos indicado, presta la población como mano de obra a las trasnacionales, paga las deudas y permite que extraigan sus cuantiosas ganancias... Pero, ¿cómo lograr esa sumisa obediencia de las burocracias corruptas de los estados centrales y periféricos? Ya no se recurre a los ejércitos de ocupación como en las colonias, ni a los golpes de Estado militares, sino a un sutil y bien extendido nuevo procedimiento que penetra la estructura de la democracia representativa... Pero la nueva dictadura antidemocrática, en nombre de la libertad de prensa y la misma democracia, se

organiza porque esas élites del capital, cuyo uno por ciento llega a tener 40 por ciento de la riqueza de las naciones en las que gestiona ese capital, gracias al monopolio de los medios de comunicación: televisión, radio, diarios, cine, medios electrónicos, universidades privadas de excelencia, etcétera. Esas élites pueden comprar todo medio de comunicación que alcance un amplio porcentaje de escuchas, lectores o espectadores, y que son orquestados por periodistas, intelectuales o artistas a sueldo del capital (los nuevos mandarines de Noam Chomsky). Con ese ejército de tanques de pensamiento esos medios crean una pantalla avasallante de mensajes que produce, casi de manera infalible, una opinión pública en su favor. Es decir, en favor de los intereses de esas minorías riquísimas, intereses que están en contra de la posibilidad de una vida humana de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Es la mediocracia globalizada, mundial. El capitalismo, que comenzó a usar la propaganda para derrotar a los otros capitales en la competencia e imponer sus productos, aprendió toda una técnica del uso de esa propaganda para producir en el receptor de sus mensajes programados una respuesta inevitable. Esa enorme experiencia de la propaganda en el mercado de mercancías la aplicó ahora a la propaganda política del mercado de candidatos para producir representantes...” (Cualquier coincidencia con la realidad mexicana actual es pura chiripa)

Es así como vemos que se persigue y se reprime duramente a todo aquel que difunde información o expresa ideas y opiniones contrarias a la bazofia ideológica con la que se nos bombardea diariamente. Esto incluye tanto información de carácter científico (recuerde la persecución de que son objeto científicos que difunden teorías y/o resultados experimentales contrarios a los intereses de las empresas transnacionales: el cambio climático, los productos transgénicos, la contaminación ambiental, la venta de medicamentos dañinos para la salud, etcétera), así como información relacionada directamente con las brutales medidas aplicadas por la dictadura mundial para mantener su poder. Situación que se reproduce a nivel de las naciones periféricas y en lo local, al interior de éstas.

Consideremos el caso de la persecución en contra de Julian Assange, fundador y director del sitio Wikileaks. Assange es buscado por Estados Unidos como divulgador de secretos de Estado y causante del mayor descrédito de la política exterior estadunidense en su historia contemporánea. Como vemos, a tal persecución se suman los gobiernos de naciones que forman parte de la élite que domina el mundo: Gran Bretaña y Suecia, supuestos paradigmas de naciones democráticas. Vaya paradoja.

Para entender lo que está en juego en esta disputa en el territorio de la producción e intercambio de ideas e información, es necesario comprender que ésta tiene lugar en el campo más amplio de la lucha de clases a nivel nacional e internacional, local y globalmente. No entenderlo así puede conducir a los sujetos sociales a librar escaramuzas sin trascendencia cuando se enfrentan a los grandes poderes de los medios de comunicación, siempre al servicio de la clase dominante.

Lo que está en juego –según mi opinión– no es solamente la libertad para expresar ideas u opiniones de carácter político, relacionadas directamente con el ejercicio del poder, sino la posibilidad misma de indagar científicamente sobre diversos procesos –físicos, biológicos o sociales– y, de acuerdo a la ética científica, dar a conocer los resultados de tales investigaciones, convengan o no a los poderosos.

Por eso resulta preocupante que uno de nuestros compañeros universitarios, el doctor Alberto Olvera, se vea acosado y presionado por expresar conclusiones, derivadas de sus análisis como científico social, que parecen no gustar en las altas esferas del poder. En la investigación científica si se quiere refutar una conclusión, habrá que hacer uso del análisis conceptual y la argumentación lógica, o de la refutación empírica mostrando hechos que contradigan la conclusión controvertida. Desde luego que quedan fuera el principio de autoridad (“esto es cierto porque lo digo yo, y yo soy la autoridá”) así como la descalificación y el ataque personal.

Por eso creo que es necesario defender la libertad de expresión y el derecho a la información pues afecta directamente nuestro trabajo como investigadores –cualquiera que sea la disciplina que cultivemos– ya que está en juego la posibilidad misma de ejercerlo sin renunciar al compromiso con la verdad, exigencia fundamental del quehacer científico.