EDITORIAL- VIERNES, AGOSTO 24, 2012. LA JORNADA (VERACRUZ)
La
validación que confirmó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) de la reforma constitucional promovida por el gobernador Javier
Duarte para ampliar el periodo de gobierno de alcaldes de tres a cuatro
años a partir de 2013, debe ser, en gran medida, un importante incentivo
para buscar mejores formas de administración pública en los hoy
endeudados municipios veracruzanos.
Es al mismo tiempo un gran
reto y compromiso para quienes aspiren a ocupar dichos cargos pues es
sabido que los grandes problemas financieros y de planeación que afectan
a esta importantísima instancia gubernamental, se deben,
sustantivamente, al hecho de que la gran parte de los actos de
corrupción y peculado cometidos en contra del patrimonio público se
realizan por ignorancia, impreparación y, en efecto, por las ambiciones
personales de quienes buscan a toda costa llegar a dichos cargos para
obtener beneficios personales.
Son conocidos los casos en las
pasadas administraciones municipales en que más de 100 municipios del
estado presentan graves problemas con sus respectivas cuentas públicas y
en muchos de ellos se presume la comisión de delitos en contra del
erario. En los más sonados de ellos, la justicia no los ha alcanzado y
no queda ninguna duda que la gran mayoría quedará sin castigo.
Por
ello, esta oportunidad bien pudiera ser aprovechada para mejorar la
profesionalización tanto de los alcaldes, ediles y funcionarios de los
municipios, el lado flaco de las gestiones en los ayuntamientos pero que
al mismo tiempo reclamaría una readecuación y la construcción de nuevos
esquemas de control de las normas administrativas, incluso penales,
para evitar que, escudados tras el fuero, autoridades municipales
corruptas eludan sus responsabilidades.
Así pues, el fallo de la
SCJN a la reforma constitucional de Veracruz debe ser observado más
allá de la declaración pública que saluda la medida impulsada por el
gobierno estatal ni tampoco para subirse festivamente al hecho político
como lo realizado por el presidente de la Federación Nacional de
Municipios de México (Fenamm), Salvador Manzur, quien, en lugar de
reconocerla como una oportunidad idónea para establecer los mecanismos
anticorrupción que la sociedad demanda, festinó que dicha decisión de la
Corte establece el sustento jurídico para replicar esta iniciativa en
otros estados.
Al alcalde boqueño se le olvidó este “sencillo”
aspecto cuando observó que la ampliación a cuatro años representará,
casi automáticamente, que los ediles se apliquen en mejorar los esquemas
de administración, de financiamiento y programación de obras.
Por
lo pronto, habría que ver los otros aspectos de la reforma, en
particular, aquellos que tienen que ver con la rendición de cuentas y la
transparencia.
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