LEOPOLDO GAVITO NANSON - MARTES, AGOSTO 28, 2012. LA JORNADA (VERACRUZ).
La
decisión del gobierno federal –o con más precisión de Felipe Calderón
Hinojosa– de quitar la concesión de la banda de 2.5 gigahertz a la
empresa MVS presidida por Joaquín Vargas es la enésima demostración
palmaria de la genuina conspiración antidemocrática y retardataria de
las elites del país que se han apoderado de la mayor parte de la renta
nacional a costa del resto de la población mexicana, buena parte de la
cual vive significativamente por debajo de la línea de pobreza.
El
pretexto y motivo de diferendo entre el gobierno y la empresa MVS fue
la periodista Carmen Aristegui,
quien, en beneficio del interés público y
el de alcanzar una madurez democrática en este país, se ha convertido
sin desearlo en un dolor de muelas para el gobierno y un dolor de cabeza
para los poderes factuales de las televisoras. Estas últimas hace mucho
que toleran poco a Aristegui, como sus voceros y gatilleros demuestran
con virulencia de tiempo en tiempo.
Durante todo el gobierno de
Felipe Calderón se dieron largas y pretextos para liberar a la empresa
MVS para ofrecer servicios competitivos de televisión y banda ancha pese
a que contaba con los socios inversionistas y tecnológicos para mejorar
los servicios y los costos ofrecidos por el duopolio televisivo de este
país.
¿Por qué Felipe Calderón esperó hasta el término de su
sexenio para escamotear la concesión de la banda a MVS? ¿Por qué no lo
hizo antes, dados los argumentos que esgrime? La respuesta a ello no es
única, son varias y en distintas dimensiones.
Una es que Felipe
Calderón paga y cumple compromisos adquiridos precisamente con Televisa
–y su ahora socia en la telefonía móvil, TV Azteca– desde antes de
asumir el poder, cuando en campaña se trataba de operacionalizar la
guerra sucia en contra de López Obrador, dar verosimilitud a
una
candidatura panista sin identidad, apagada y peleada con su partido, y
posicionar en la apreciación pública la verosimilitud del triunfo.
Otra,
asociada a la primera pero independiente de ella y que corre con
energía propia es el necesario acuerdo entre el presidente en funciones y
el supuesto ganador en la jornada del 1º de julio. Felipe Calderón
asume los costos públicos de la decisión para liberar de hacerlo a
Enrique Peña Nieto, inversión de sabidos y ventilados intereses de
Televisa.
Una tercera no menos importante es el papel y presencia
de la periodista Aristegui en hacer público lo que a todas luces se
deseaba permaneciera como secreto. Esto es la fabricación con años de
adelanto de una candidatura presidencial, y las diversas conspiraciones y
acuerdos para favorecer a los poderes fácticos del país para los que
los gobernantes electos y los políticos no son más que empleados. Así lo
confirma el mero ejemplo de la telebancada de por lo menos 18 diputados
tanto del PRI como del PVM, entre funcionarios de Televisa, miembros de
sindicatos de la industria radiofónica.
Al final del segundo
gobierno federal panista la ilusión de la transición política quedó en
meros buenos deseos. El sistema que concentra las decisiones sustantivas
en poderes fácticos al margen de la supervisión pública permanece
intocado y se ha fortalecido. El Estado se ha debilitado al grado de
bordear el Estado fallido, las lagunas institucionales se han convertido
en océanos de incompetencia y pasmo, verdaderos pesos muertos que en el
mejor de los casos retrasan y que en la realidad cancelan la
posibilidad de construir una sociedad justa. El sistema de educación
nacional y la situación alimentaria del país son prueba de ello. La
decisión del gobierno sobre la banda de 2.5 GHz favorece sin pretensión
de pudor a ese orden de poderes fácticos actuantes desde la informalidad
y protegidos por el poder político al que emplean como asalariado.
Alguna vez tales poderes estuvieron acotados pero el cambio generacional
en los 80 y el abandono del modelo de Estado benefactor por la adopción
de un Estado disminuido neoliberal –apocado sería más preciso– fue base
para que –en una situación de debilidad institucional– los vacíos
institucionales fueran ocupados por esos poderes fácticos, empresas
criminales incluidas.
La decisión gubernamental sobre las
concesiones a MVS descarna la incómoda realidad de que ya en el siglo
XXI México aún es incapaz de deshacerse tanto de quienes lo someten y
mantienen en pobreza como del sistema de reproducción política
clientelar basado en relaciones informales personales antes que en
procedimientos y normatividades públicas y verificables. La JORNADA
(VERACRUZ).
