AGENCIAS - JUEVES, AGOSTO 30, 2012. LA JORNADA (VERACRUZ).
El coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona, (CESEM) organización no gubernamental, sostiene la existencia de una suerte de disonancia entre los mecanismos formales para la rendición de cuentas gubernamentales y los instrumentos para que la información fluya y, por lo tanto, pueda apropiársela el público.
El problema no es en absoluto menor, es parte importante de lo que acota al sistema mexicano como opaco. Como lo describió el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González Aragón: “la sociedad mexicana está sumida en un mar de opacidad gubernamental, de impunidad y de costosa deshonestidad de funcionarios públicos” que la condena a un retraso permanente.
La sociedad mexicana convive cotidianamente con las manifestaciones de corrupción, se expone a ellas, son parte de su vida diaria. No es casual que Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción, colocara a México en el lugar 100 –de 182 posibles– como país corrupto y en vías de mayor corrupción.
La verdadera rendición de cuentas significa transparentar la administración pública en la completa accesibilidad de la información en todos los asuntos que
son de interés público. Un gobierno transparente es por definición un gobierno responsable de sus actos. Ejemplos de lo contrario los hay en viciosa abundancia, el sexenio completo del gobierno federal que termina lo es.
Formalmente existen en el sistema mexicano los instrumentos para rendir y exigir cuentas a los gobernantes, sí, pero están fragmentados; conceptual e institucionalmente desarticulados. Lo mismo pasa normativa y políticamente. Luego, los esfuerzos honestos que se hacen simplemente se pierden y se desgastan en un ambiente melifluo gelatinoso o en el vacío. Se precisa entonces la construcción de una nueva trama institucional que articule, defina y concrete una política de rendición de cuentas integral.
A México lo desgarra por un lado la fuerza de instituciones informales sobre las que se basan los poderes fácticos –dentro o fuera de la ley– y, por otro, la mezquindad cortoplacista de un sistema político y una clase política servidora de esos poderes informales. Esto llega a niveles de absurdo. Resulta, por ejemplo, que los gastos de los grupos parlamentarios no pueden ser auditados por la propia ASF.
Los grupos parlamentarios no entregan facturas, sus informes no pueden ser publicados en Internet.
Dicho en breve, después de más de 200 años de existencia, en materia de institucionalidad sana y democracia, en este país queda casi todo por hacer. LA JORNADA (VERACRUZ).
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