martes, 8 de enero de 2013

Ordena Juzgado Cuarto de Distrito suspensión de obras del Teleférico en la ciudad de Puebla Universidades y asociaciones ciudadanas celebran su triunfo frente a las imposiciones gubernamentales Partidos políticos: brillaron por su ausencia, andan tras el poder. Los ciudadanos y sus problemas no les interesan.


Martín Hernández A. 07/01/13

Las obras del teleférico que el gobierno estatal construye en la zona del Paseo del Río San Francisco fueron detenidas legalmente por una orden del Juzgado Cuarto de Distrito, el cual concedió un amparo provisional al Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla y a la Fundación Manuel Toussaint, que expusieron los daños irreversibles causados a la antigua Casa del Torno.

La suspensión es temporal y será ratificada o desechada luego de la audiencia que mañana, en punto de las 9:15 horas, se celebrará en el Juzgado Cuarto, a cargo de la jueza Yolanda Vásquez Rebollo, en la que ambas organizaciones y el Poder Ejecutivo encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, presentarán pruebas a favor de sus respectivas causas.

La noticia sobre la concesión provisional del juicio de garantías –que se encuentra registrado en el incidente 1962/2012– fue dada a conocer ayer en una rueda de prensa por los académicos, activistas y ciudadanos que han defendido el patrimonio del Centro Histórico de la Angelópolis de los proyectos emprendidos por la administración morenovallista, la cual pretende convertir a la zona monumental “en un parque temático, a la manera de Disney World”, como lo ha dicho la antropóloga Anamaría Ashwell.

La resolución otorgada por la jueza Vázquez Rebollo expresamente señala que se debe suspender provisionalmente la obra “Teleférico de la Ciudad de Puebla” en la zona de monumentos afectada, toda vez que no ha contado con la anuencia de rigor del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), amén de que los trabajos han perjudicado de forma irremediable al inmueble.

“Creemos de suma importancia dar a conocer a la ciudadanía que la construcción del Teleférico dentro de la zona de monumentos se ha hecho fuera de los cauces que marca la ley y que además se destruyó un monumento histórico clasificado, lo que es un delito federal. Igualmente denunciamos que (la obra) no cuenta con la autorización de cambio de uso de suelo y por el tipo de construcción rebasa con bastante margen las alturas permitidas para cualquier construcción dentro del Centro Histórico, lo que afectará significativamente un paisaje que ha sido uno de los fundamentos para declarar a Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, expresó el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, en una carta dirigida a la opinión pública.

Y agrega: “pensamos que el hacer este tipo de denuncias, expresan que nadie debe estar por encima de la ley y que la ciudad es un patrimonio común, cuya conservación y adecuación no deben ni pueden estar en manos de unos cuantos funcionarios”.

Además de Anamaría Ashwell, dieron la conferencia a medios, Rosalva Loreto López, presidenta del 
Comité; la historiadora de arte, Montserrat Gali Boadella, el arquitecto Ambrocio Guzmán y Edmundo Gutiérrez.

“Que las instituciones respondan”
En varios momentos, los académicos y activistas resaltaron que el gobierno estatal transgredió la autoridad del INAH y del ayuntamiento de Puebla, presidido por el panista y copartidario de Rafael Moreno Valle Rosas en el Partido Acción Nacional, Eduardo Rivera Pérez, pues no contó con los permisos correspondientes del cabildo ni del instituto federal.

Un periodista les cuestionó cuál era su opinión sobre la ausencia de instituciones como el INAH, la Comuna y particularmente de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) en la defensa del patrimonio, en vista de que la mayoría de los investigadores que han denunciado los abusos y destrucción perpetrados por el gobierno de Moreno Valle Rosas pertenecen a la máxima casa de estudios.

Rosalva Loreto López respondió que principalmente el derecho y obligación de los ciudadanos es defender su patrimonio, con, o a pesar de las autoridades. Monserrat Gali fue más allá y expresó que, efectivamente, quienes están de lleno abocados a la lucha contra la destrucción de los inmuebles históricos son una minoría, como lo dice el gobierno, pero una minoría, educada, de élite –si se quiere ver así–, que cumple con el deber de ejecutar un trabajo pedagógico para alertar sobre los vicios y atropellos que se están cometiendo, como lo propuso José Vasconcelos.

“No hay derecho, no hay justicia, no hay democracia, este es el país que tenemos y nosotros tenemos no sólo el derecho sino la obligación de oponernos a lo que se está haciendo mal, de hacérselo ver a la sociedad, de defendernos con los pocos recursos que la ley nos aporta”, expresó la también secretaria ejecutiva de la Fundación Manuel Toussaint.

El arquitecto Ambrocio Guzmán (restaurador) recordó que la UAP fue la principal promotora para que el Centro Histórico de Puebla buscara la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad que le concedió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1987) y que ha hecho aportaciones igualmente sustanciales en materia de preservación de los inmuebles del primer cuadro de la ciudad.

Loreto López instó entonces a los reporteros a que acudan ante los representantes de las instituciones mencionadas a cuestionarles sobre su papel en la defensa del patrimonio histórico.

“En anteriores ocasiones el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental ha denunciado la errada política del gobierno del estado de Puebla en sus intervenciones en la zona de monumentos declarada y protegida por leyes federales e internacionales y que ha sido la razón de haber sido declarada la ciudad de Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estas denuncias las hemos hecho en los casos de la construcción del viaducto Ignacio Zaragoza, que invadió la zona de monumentos y afectó el paisaje histórico de la batalla del 5 de mayo, así como también lo hicimos respecto a intervenciones en la zona de los Fuertes de Loreto”, expresa el Comité Defensor en la misiva dada a conocer este domingo.

Y agrega: “la actual construcción de llamado teleférico también cambiará el paisaje urbano del Centro Histórico y se ha caracterizado, al igual que los casos anteriores, por la ilegalidad en los procedimientos de presentar los proyectos ejecutivos antes de iniciar la obra y de carecer de los permisos correspondientes antes de su inicio”, indica. (La jornada de Oriente, Puebla). Cortesía Colectivo Universitario (CCU) P.

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