JAIR GARCÍA - MARTES, OCTUBRE 16, 2012
En México comenzarán a ser comunes las demandas por parte de juristas, empresarios, maestros, estudiantes, organizaciones no gubernamentales o ciudadanos en contra de las autoridades por la omisión en la garantía de los derechos humanos, por lo que no sería extraño que alguien pudiera demandar a un presidente por no asegurarle la seguridad de él y su familia, mencionó Enrique Carpizo Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Comentó que con las reformas hechas en materia de amparo ahora es más fácil acreditar, pero sobre todo demandar, a una autoridad por una acción que atentó contra sus garantías individuales y también si esa autoridad fue omisa o no tuteló la protección de los derechos humanos.
“El Estado mexicano ha logrado ciertos avances en materia de protección y tutela de los derechos humanos ante instancias judiciales, esto es, ya no más amparos contra actos de la autoridad, sino también contra omisiones del Estado y tutela efectiva de los derechos humanos”, expresó.
El investigador explicó que hasta el año pasado para presentar un amparo, una persona tenía que acreditar el interés legítimo y señalar el acto cometido por la autoridad, que considerara que le estaba causando un daño.
Con la reforma a la Constitución Política Mexicana del año pasado en esta materia, se logró incluir la figura del interés legítimo simple o difuso, donde una persona puede pedir un amparo ante un acto de la autoridad, que no le dañe de manera directa, pero pudiera causarle alguna afectación.
De igual modo, indicó que no es necesario esperar la comisión de un acto de autoridad para presentar el amparo, sino que igualmente puede ser demandado el gobierno por ser omiso o no establecer la tutela de los derechos humanos.
Citó como ejemplo el caso de un indigente del estado de México, que demandó a las autoridades municipales y estatales por no prever las acciones para proteger sus derechos humanos en cuanto a la alimentación, vivienda, salud y educación, entre otros, y tras varios meses logró ganar el amparo.
“Las personas ahora entenderán que tienen en la Ley de Amparo un valioso instrumento jurídico a su favor, no sólo cuando se vean afectados por un acto de gobierno, sino cuando consideren que éste no está haciendo su trabajo adecuado para velar por sus garantías individuales”, añadió.
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