(Editorial)
- lunes, octubre 08, 2012 LA JORNADA
(VERACRUZ)
Después de siglos de oscurantismo medieval
y demasiadas lecciones cruentas, los sistemas políticos modernos aprendieron el
imperativo de defender al ciudadano frente al Estado. De forma diferenciada
pero básicamente la misma, los regímenes occidentales avanzados se distinguen
por esta particularidad. Por el contrario, los sistemas autoritarios se
empecinan en hacer prevalecer la razón de Estado y al Estado mismo por encima
del ciudadano. Tal es el caso mexicano. Se construyen instituciones
ciudadanizadas con el propósito de cuidar precisamente los derechos ciudadanos
y a la primera oportunidad son cooptadas por alguna facción poderosa del
sistema. Fue el caso del IFE en 2006, repetido en 2012 y el de buena parte de
los institutos electorales de los estados.
Hasta ahora, el Instituto Federal de
Acceso a la Información había navegado con aceptable dignidad e independencia
de los poderes meta constitucionales de la presidencia. Con todo, el Ifai no es
un instituto de autonomía plena y eso es causa que el acceso a la información
sea discontinuo y desigual. Abundan los personajes federales que se consideran
a sí mismos burócratas singulares elegidos por los cielos. Asunto que se agrava
porque el nivel de exigencia aplicado a las autoridades federales es precario.
La dependencia presupuesta y la falta de profesionalización son lastres
importantes que crecen la debilidad institucional. Si a eso se suma la falta de
voluntad política de buen número de funcionarios el resultado es la existencia
de una institución sustantiva que es utilizada, por su sola existencia, como
parapeto simulador.
Tal es el caso del aval dado por el Ifai a
Banobras en su negativa a hacer pública la situación financiera y el estado de
los préstamos dados a los municipios del estado. A todos los municipios. Más
aún, el Ifai respalda la pretensión de Banobras para resguardar la información
por doce años.
Decisión que se traduce en escamoteo de la
información a la que el ciudadano tiene derecho por la simple razón de que se
habla del uso y abuso del dinero público. El estado ha navegado hasta ahora
sobre la turbulencia de una gravísima astringencia de recursos económicos, con
deudas paralizantes y plazos fatales para servirlas. Es de reconocer la
capacidad habida para evitar lo que parecía ser un colapso.
Pero eso en ningún concepto hace aceptable
que información sustantiva para entender, evaluar y tomar decisiones sea
ocultada por la friolera de dos sexenios del escrutinio público. “Afectar la
imagen de los ayuntamientos o causarle algún mal a sus finanzas” son
afirmaciones ofensivas que presuponen al ciudadano informado como un enemigo
del estado. LA JORNADA (VERACRUZ).
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