Jair García / Lunes, Diciembre 17, 2012. La Jornada (Veracruz).
El Orfis debe remitir a la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal los informes de resultados.
A menos de 15 días para que concluya 2012, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no ha informado si a los 80 ex presidentes municipales que se les detectó un presunto daño patrimonial por 809 millones de pesos, correspondientes a la cuenta pública 2010, saldaron, aclararon, reintegraron el recurso o simplemente se desentendieron y se procedió en consecuencia.
Esto sucede a unos días, de que el mismo Orfis deba remitir a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado el informe de resultados de la cuenta pública 2011, correspondiente al primer año de las administraciones municipales y estatal.
El auditor general del Orfis, Antonio Portilla Vázquez, ha tomado una postura de nula transparencia, al no informar al Congreso cuál fue su actuación con respecto a los 80 ayuntamientos que no lograron pasaron la cuenta pública 2010 por diversas irregularidades entre los que se encontraban los de Las Choapas con 57 millones de pesos, seguido de Coyutla con 51, Córdoba con 48, Soledad de Doblado con 40 y Tuxpan con 37 millones de pesos, respectivamente.
Antonio Portilla Vázquez fue nombrado por el Congreso local auditor general del Orfis el pasado 26 de septiembre, y ese mismo día aseguró que retomaría el trabajo dejado por el ex auditor Mauricio Audirac Murillo, y que haría un trabajo transparente, con apego a la ley y de resultados.
Sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer si los ex presidentes municipales y ex funcionarios municipales involucrados en un presunto daño por 809 millones de pesos, lograron aclarar esta situación, si resarcieron el daño o simplemente no pudieron o no quisieron hacerlo, por lo que procedería una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia.
De los casos que más resaltaron fue la administración de Juan Lavín Torres, ex alcalde de Córdoba, a quien se le detectó un presunto daño patrimonial por un monto de 48 millones 845 mil 452 pesos, debido a irregularidades como entregar cheques al portador que no se justificaba, obras pagadas sin previa licitación, además otras obras iniciadas pero nunca concluidas.
A esta lista se suman los ex alcaldes de otros ayuntamientos como son Álamo, donde Blanca Batalla se encuentra en calidad de prófuga por un presunto daño patrimonial de 28 millones 920 mil pesos.
También los ayuntamientos de Tecolutla con 28 millones de pesos, Catemaco con 26, Totutla con 20,
Yecuatla 21, Texcatepec con 18, San Rafael con 17, Tempoal con 16, Naolinco con 15, Yanga con 15 y Gutiérrez Zamora con 14 millones de pesos, respectivamente. La Jornada (Veracruz).
No hay comentarios:
Publicar un comentario