Viernes, Diciembre 21, 2012. (Editorial, La Jornada, Veracruz).
El artículo 24 de la Constitución mexicana, antes de que fuera reformado en el calderonismo garantizaba la libertad individual de profesar cualquier creencia religiosa sin que esta práctica atentara contra la Constitución, establecía que el Congreso no puede dictar ninguna ley que prohíba religión alguna, además especificaba que los actos religiosos se deberían celebrar ordinariamente en los templos y los que extraordinariamente se llevaran a cabo fuera de éstos deberían sujetarse a la ley reglamentaria.
Esencialmente, lo anterior quería decir que el gobierno no podía prohibir ninguna religión pero que también cuando se violentara este estatuto, quien lo hiciera, podía ser castigado. Fue en el calderonismo – ahora en pleno proceso de extinción– cuando hace poco más de un año nuestros “representantes populares” urgidos por el presidente en turno y ante la expectativa de la visita del Papa Benedicto XVI se prestaron casi sin chistar, en particular los considerados de izquierda y hasta el ala “progre” tricolor, para avalar una reforma de altísimo significado y de profunda raigambre histórica en la construcción del Estado laico que a duras penas hoy rige a este país.
De manera sustantiva , la modificación constitucional permitirá que ahora se podrán oficiar o permitir actos de cualquier culto en lugares públicos, convirtiendo a las plazas, los parques, las calles y cualquier sitio en un templo religioso. Esta circunstancia tiene muchas potenciales aristas que van desde la invasión al espacio personal de cada individuo, en particular de quienes no profesen ninguna religión o pertenezcan a alguna distinta a la que realice actos fuera de sus templos, hasta la posibilidad implícita en la argumentación legal del artículo reformado de que se abra la posibilidad de establecer la religión como currícula en las escuelas públicas.
Para muchos, esta reforma era innecesaria pues tal y como estaba el texto original existía una verdadera libertad religiosa, sin embargo, el componente político por congratularse con el Vaticano del gobierno derechista de Calderón y la sospechosa manera en que las mayorías priístas y panistas aprobaran en recinto cerrado dichas modificaciones el 28 de marzo del presente año, la dotó de una alta dosis de sospecha en lo que hace a sus verdaderas intenciones, suscritas en el cambio que consiste en agregar al concepto de libertad de religión, ya consignado en ese ordenamiento de la Carta Magna, el de libertad de conciencia y de convicciones éticas.
Salvo algunas expresiones de inconformidad de senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, así como la priísta María de los Ángeles Moreno –quienes observaron que esto representa un avance hacia la desarticulación del Estado laico y es un intento de la jerarquía católica por lograr nuevos privilegios y fueros– lo que parece estar detrás es abrir el debate de manera legal acerca de la pertinencia de permitir la enseñanza religiosa en escuelas públicas y que las iglesias pudieran tener medios de comunicación masiva.
Más allá de un eventual pacto con el alto clero o que la reforma sea producto o no de una demanda social o en todo caso de un esfuerzo voluntarista de cúpulas de poder que deseen complacer a algunas fuerzas con las que piensan que es útil pactar, sin considerar las graves consecuencias, el debate abierto ahora se centra en las entidades federativas que deberán reformar a su vez sus propias constituciones.
Por lo pronto, ayer, en esta ciudad de Xalapa un contingente de miembros de la organización "Veracruz Laico", se manfiestaron para exigir la perseverancia del Estado laico y acabar con el estado de parálisis que existe en la Legislatura estatal para que de una vez se legisle en contra de la aprobación de dicha reforma, en un largo camino al que aún le falta mucho tramo por recorrer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario