Fernando Inés Carmona / viernes, octubre 25, 2013
Orizaba, Ver.- El Estado mexicano recrudeció el uso de grupos represivos para inhibir movimientos sociales y advertir a la sociedad mexicana de lo que es capaz con tal de someter la protesta social que además ya está criminalizada; en Veracruz, el desalojo de maestros en Xalapa y las agresiones a comuneros del norte de la entidad, “son la clara muestra del actuar gubernamental”.
En un comunicado, el Tinam (Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme [en español, Unión de Todos los Pueblos Pobres]) hace un planteamiento en el cual rechaza la forma en la que el Estado resuelve los conflictos sociales que se generan a partir de la promulgación de tres de las reformas que presenta el ejecutivo federal.
La crisis económica en nuestro país se traduce en una crisis política, que se refleja en la nula representatividad “que tienen todos los políticos que se cobijan y amparan en el nefasto Pacto por México, desde el presidente de la República, pasando por las cámaras legislativas, gobernadores y presidentes municipales. Las recientes reformas neoliberales aprobadas en detrimento del pueblo mexicano han sido secundadas, defendidas y avaladas, salvo muy honrosas excepciones, por funcionarios en turno de toda laya”, sostuvo.
Asimismo, señala el Tinam, junto con otras organizaciones sociales de la región y del país, integrando al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), “repudiamos y condenamos los actos de represión, linchamiento y agresión de los grupos de choque, pagados e incentivados desde estructuras del Estado; esto se refleja en la reciente agresión hacia el movimiento magisterial-popular por parte del gobierno del DF y del país, lo que en los hechos constituyen la respuesta gubernamental hacia las demandas del pueblo”.
El ejemplo de las acciones represivas, continúa, se vio con lo sucedido el 17 de octubre contra los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “quienes fueron agredidos con cohetones, piedras y palos por grupos de choque en la marcha realizada sobre el eje 1 norte, de la Ciudad de México, constituye la antesala de lo que hoy es público, la aprobación autoritaria del protocolo de control de multitudes, la cual permite el uso de armas de fuego para disuadir manifestaciones. Es por demás una medida fascista que criminaliza la pobreza y la protesta popular”.
Asimismo señala que la represión gubernamental no conoce límites, pues también ésta se aplica institucionalmente. Constantes han sido las amenazas hacia los maestros en lucha y reiteradas las ocasiones de querer enfrentar a los padres de familia con los profesores.
Pero la entidad no escapa a los hechos, aseguran, “las actas de abandono por parte de los administrativos serviles al Estado se han hecho efectivas, pese a que constituye una medida de coacción; esta es la situación que priva en los municipios de Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez. En esta región norte del estado de Veracruz el linchamiento mediático no se hizo esperar desde el inicio de las movilizaciones del movimiento magisterial, repudiando la reforma educativa y sus leyes secundarias, desde el gobierno del estado se ha iniciado el desprestigio en contra de los maestros que se encuentran en paro laboral; se les califica de ser agitadores, de huevones y hasta de ser violentos para justificar el accionar represivo de los cuerpos policiacos y militares en contra suya”.
Acusa que el Estado fomenta la creación de grupos de choque en contra de los maestros movilizados. “En comunidades donde el PRI mantiene su arraigo y hegemonía se ha iniciado la campaña del desprestigio reproduciendo el mismo discurso oficial manejado por los medios de comunicación al servicio del Estado y la oligarquía en el poder; trabajo de consigna que es impulsado por el diputado local por el PRI y profesor jubilado Moisés Hernández Barrales, los recién electos presidentes municipales Víctor Manuel Espinoza Tolentino de Ixhuatlán de Madero y Remberto López Ríos de Benito Juárez, son los promotores inmediatos de que a los maestros se les levanten actas por abandono de escuelas y también de ser los opositores al movimiento del magisterio”.
Hay otro caso, “en la comunidad de Tlatlapango Grande, municipio de Benito Juárez, donde los efectos de la reforma educativa ya están empezando a tomar cuerpo; les está llegando recibos de la luz con cantidades estratosféricas de 14 mil hasta a 20 mil pesos, como si la escuela estuviera equipada con sistema de cómputo u otros instrumentos eléctricos que ayuden a elevar el conocimiento a los alumnos, cuando es todo lo contrario, en comunidades rurales de todo el país, como en la Huasteca se labora en las más pésimas condiciones”.
Con estas reformas, explica el documento, el Estado pretende despojar al pueblo trabajador hasta lo que no tiene. Por esta razón, con la aplicación de la autonomía de gestión en las escuelas, “nos toca como padres de familia absorber los gastos de infraestructura, desentendiéndose el Estado de esta responsabilidad, allanando el camino a la privatización de la educación, convirtiéndola en una mercancía a la cual sólo los adinerados tendrán acceso y privilegio”.
En resumen, cita, “esta embestida neoliberal y represiva está alcanzando a comunidades organizadas para defender su derecho a la posesión de un pedazo de tierra, tal es el caso de la comunidad de Amatepec, municipio de Ilamatlán, sitio donde nuestros compañeros son amenazados constantemente por el cacique Reyes Olivares Bautista que hoy se hace llamar el nuevo dueño de esa porción de tierra. A los compañeros, explica, se les intimida de ser detenidos y encarcelados y hasta de ser ejecutados extrajudicialmente por el simple hecho de defender un pedazo de tierra que mantienen en posesión desde hace más de 20 años.
“Por ello, hacemos un llamado a los diferentes organismos defensores de Derechos Humanos a estar pendientes y a activar todos los mecanismos de defensa ante la inminente agudización de violaciones éstos. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de todo acto de represión contra el conjunto del movimiento popular, particularmente, hacia los que hemos manifestado nuestro rechazo a las reformas neoliberales con acciones políticas de masas”.
